Comentario

Desde el punto de vista institucional, la Inquisición comienza a debilitarse a partir del segundo tercio del siglo XVII, tal como se deduce de la disminución del número de familiares y del descenso de sus ingresos por confiscaciones, hasta el punto de que a veces determinados tribunales de distrito carecían del dinero necesario para pagar a sus empleados -es el caso del de Zaragoza en 1677-, aunque otros, en cambio, recaudaban elevadas sumas, como el de Llerena, que entre 1657 y 1664 ingresa veinte millones de maravedís de los encausados en delitos contra la fe, o el de Mallorca durante la persecución de los chuetas en los años 1679 a 1691.
Durante los tres primeros decenios de la centuria la actividad inquisitorial es muy reducida comparada con la etapa precedente, centrándose sobre todo en mantener la pureza de la fe entre los laicos y los eclesiásticos (delitos de solicitación, bigamia y superstición). A partir de 1630-1640, sin embargo, la actuación de los tribunales se dirige contra los judaizantes portugueses, especialmente tras la sublevación de Portugal y la destitución del conde-duque de Olivares, de alguna manera su protector hasta entonces, dada la dependencia financiera que la Corona tenía de los banqueros de esta nacionalidad. El restablecimiento del comercio con Holanda en 1648 y la suspensión de pagos de 1652 alterará más si cabe la siempre amenazada tranquilidad de este grupo, que ya había recibido los primeros -y duros- zarpazos en las personas de Juan Núñez Saravia y Manuel Fernández. En el auto de fe de Cuenca, celebrado en 1656, figuran destacados financieros como Mendes Brito y Fernando de Montesinos, así como personajes de menor relieve que participaban en la gestión de impuestos y en el tráfico mercantil: es el caso de Francisco Coello, administrador de las rentas de Málaga, o de Diego Gómez Salazar, administrador del estanco de tabacos.

Esta tendencia continúa en el reinado de Carlos II, pues si bien es verdad que los Cortizos logran escapar ilesos de los tribunales inquisitoriales, no le sucede lo mismo a Luis Márquez Cardoso, que tenía a su cargo la renta del tabaco, condenado en 1669, o Francisco Báez Eminente, uno de los mayores financieros de la época, procesado en 1691. En todos estos casos, al igual que en la expulsión de la comunidad judía de Orán en 1669, se ocultan intereses económicos, no tanto del Santo Oficio, pese a que también se beneficia con el producto de las confiscaciones, aunque desde 1654 sólo sea de los bienes personales, no de los capitales invertidos en sociedades mercantiles o de los prestados a la Corona, sino sobre todo de rivales comerciales que desean hacerse con sus negocios. La mejor prueba nos la ofrece la persecución desencadenada contra los chuetas mallorquines en los años 1679 a 1691, que se produce cuando el grupo ha alcanzado un lugar destacado en el comercio, sea de importación o exportación.